WFP Urgent Action and Condemnation of Violent State Response to General Strike in Buenaventura, Colombia

Witness for Peace is gravely concerned about the Colombian government’s response to the ongoing general strike currently taking place in the Afro-Colombian port city of Buenaventura and the Pacific region. On Tuesday, May 16th, 2017, 89 civil society organizations, joined together under the umbrella of the Civil Strike Committee (Comité del Paro Cívico), began an indefinite general strike in Buenaventura, planned well in advance. This ongoing general strike is also taking place in the department of Chocó.
Buenaventura and the Colombian Pacific have been areas historically abandoned and victimized by the Colombian State throughout the duration of the armed conflict. A majority of the population have been and continue to be victims of forced displacement, and an estimated 80.6 percent of Buenaventura population’s lives in poverty.
Strike organizers are calling for the Colombian government to declare an economic, social, and ecological emergency under article 215 of the Colombian Constitution. They’ve demanded the following: 1) Increased healthcare coverage (preventive, advanced medical treatment, and traditional medicine); 2) Recovery and conservation of degraded ecosystems; 3) Increased education spending at all levels, from elementary to university; 4) Government support for cultural and recreational activities; 5) Basic sanitation and infrastructure, and the public and community operation of public services; 6) Access to justice and reparations for individual and collective victims; 7) Urban planning and new housing; and 8) Strengthening of regional production, along with economic, judicial, and political measures that create dignified jobs and salaries. All of this can be found on the Comité del Paro Cívico’s Facebook page.
While the general strike in Buenaventura has been highly organized and mostly peaceful, local social movements, as well as Colombian Senator Alexander López, recently denounced the violent and provocative conduct of the National Police and the Mobile Anti-Riot Squad (ESMAD) on Friday, May 19th. When the ESMAD was ordered to clear a peaceful blockade, they used gases, helicopters, stun bombs, tanks, and firearms against children, pregnant women, young people, and elderly individuals. There are reports of babies dying due to the gases, and also reports of artisanal fishers being threatened by the Gaitanista paramilitary group for their participation in the strike. Many national media reports have focused on some instances of looting, while failing to discuss the strike organizers’ demands and the tremendous organization that went into planning and maintaining the protests.
Witness for Peace supports our partner organizations’ demands, including that the US government and US Embassy in Colombia contact the Colombian government and demand that:
  • Citizens in Buenaventura and in all departments of the Colombian Pacific be able to exercise their right to freely and safely protest
  • Threats and attacks against strike organizers and participants, particularly from paramilitary groups, be taken seriously and thoroughly investigated
  • The Colombian government dialogue with the strike organizers to seriously consider their demands and follow through in a timely manner on any agreements made
We are in solidarity with our Colombian partners who put their lives on the line in defense of their communities and regions: please tell the State Department and pertinent congressional leadership to make the above demands to the Colombian government.
In solidarity,
Witness for Peace

Acción Urgente y Denuncia de APP Sobre Respuesta Violenta del Estado Contra el Paro Civico en Buenaventura, Colombia

Represión policial del paro cívico en Buenaventura, Colombia: Exija que el Departamento de Estado de los Estados Unidos y los líderes del Congreso Promuevan una Resolución Pacífica!

Acción Permanente Por la Paz está profundamente preocupado por la respuesta del gobierno colombiano al paro general en la ciudad portuaria Afrocolombiana de Buenaventura y la región del Pacífico. El martes 16 de mayo de 2017, 89 organizaciones de la sociedad civil, unidas bajo el paraguas del Comité del Paro Cívico, iniciaron un paro general indefinida en Buenaventura, planeada con bastante antelación. Esta huelga general también está sucediendo en el departamento de Chocó.

Exija que el Departamento de Estado de Estados Unidos y el liderazgo del Congreso que trabaja en relaciones exteriores que presionen al gobierno de Colombia para que alcance una solución positiva.

Buenaventura y el Pacífico colombiano han sido áreas históricamente abandonadas y victimizadas por el estado colombiano durante todo el conflicto armado. La mayoría de la población ha sido y sigue siendo víctima de desplazamiento forzado, y se estima que el 80,6% de la población de Buenaventura vive en la pobreza.

Los organizadores del paro están pidiendo que el gobierno colombiano declare una emergencia económica, social y ecológica en virtud del artículo 215 de la Constitución colombiana. Han exigido lo siguiente: 1) Aumento de la cobertura de atención médica (tratamiento médico preventivo, avanzado y medicina tradicional); 2) Recuperación y conservación de ecosistemas degradados; 3) Aumento del gasto en educación en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad; 4) Apoyo gubernamental para actividades culturales y recreativas; 5) Saneamiento básico e infraestructura, y el funcionamiento público y comunitario de los servicios públicos; 6) Acceso a la justicia y reparación de las víctimas individuales y colectivas; 7) Planificación urbana y vivienda nueva; Y 8) Fortalecimiento de la producción regional, junto con medidas económicas, judiciales y políticas que generen empleos dignos y salarios. Todo esto se puede encontrar en la página Facebook del Comité del Paro Cívico.

Mientras que la huelga general en Buenaventura ha sido bien organizada y en general pacífica, los movimientos sociales locales y también el senador colombiano Alexander López, recientemente denunciaron la conducta violenta y provocativa de la Policía Nacional y el Escuadrón Anti-Riot Móvil (ESMAD) el 19 de mayo. Cuando la ESMAD fue ordenada a despejar un bloqueo pacífico, utilizaron gases, helicópteros, bombas aturdidoras, tanques y armas de fuego contra niños, mujeres embarazadas, jóvenes y ancianos. Hay reportes de bebés muertos por los gases, y también informes de pescadores artesanales amenazados por el grupo paramilitar gaitanista por su participación en el paro. Muchos informes nacionales de prensa se han centrado en algunos casos de saqueo, mientras que no han discutido las demandas de los organizadores del paro y la tremenda organización que se requirió en la planificación y el mantenimiento de las protestas.

Dígale al Departamento de Estado y al liderazgo del Congreso que actúen AHORA para presionar al gobierno colombiano para que detenga esta represión

Acción Permanente por la Paz apoya las demandas de nuestras organizaciones socias, y también demandamos que el gobierno de Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia contacten al gobierno colombiano y exijan que:

  • Los ciudadanos de Buenaventura y de todos los departamentos del Pacífico colombiano puedan ejercer su derecho a protestar libremente y con seguridad
  • Las amenazas y los ataques contra los organizadores de la huelga y los participantes, particularmente de los grupos paramilitares, se tomen serio y se investiguen a fondo
  • El diálogo del gobierno colombiano con los organizadores de la huelga para considerar seriamente sus demandas y cumplir en forma oportuna cualquier acuerdo concertado

Estamos en solidaridad con nuestros socios colombianos que ponen sus vidas en la línea en defensa de sus comunidades y regiones: por favor, pida al Departamento de Estado y al liderazgo pertinente del Congreso que haga las anteriores demandas al gobierno colombiano.

En solidaridad,

Acción Permanente por la Paz