Las fuerzas de seguridad hondureña acosan y asesinan a manifestantes mientras EEUU sigue sin tomar acción.

El 22 de enero, Acción Permanente por la Paz emitió su declaración sobre el ataque contra Martín Fernández y el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) que tomó lugar por la noche del 20 de enero. Desde ese día, el nivel de violencia ha incrementado aún más, tanto en términos de las generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas después de las elecciones, como también en los ataques enfocados contra el MADJ.

El lunes por la noche, el mismo día que publicamos nuestra declaración, dos personas fueron asesinados en la parte del país donde MADJ desempeña su labor. Ramón Fillalos, quien era el coordinador local del MADJ en el pueblo de Arizona y formó una parte crucial en la demostración comunitaria en el campamento de Jilamito, fue asesinado durante una toma. Geovany Díaz Cárcamo, quien fue asesinado en las calles de Pajuiles anoche, frecuentaba el mismo campamento.  Antes, escribimos de la comunidad de Pajuiles, donde por más de un año hemos tenido el gran honor de acompañar a la comunidad en su oposición de la imposición de un proyecto hidroeléctrico. Estos asesinatos, que sucedieron con un par de horas de diferencia, de líderes de ambos Pajuiles y Jilamito, las dos comunidades de la costa norte más conocidas por ser organizadas por el MADJ, representa “un mensaje claro,” en las palabras de un miembro de la comunidad de Pajuiles, quien habló con el Equipo de APP Honduras el martes.

Los asesinatos de Ramón y Geovany son devastadores de por sí, como son los otros 36 casos que forman parte de la lista macabra de mártires por la democracia hondureña. Pero estos asesinatos eran particularmente crueles, aunque de maneras opuestas el uno del otro. A Ramón, quien tiene casi 60 años de edad y varias décadas de activismo en la región, le dispararon en el brazo, que no hubiera sido una herida fatal. Sin embargo, por falta de atención médica, se desangró hasta morirse. Geovany se iba de una manifestación cuando fue arrastrado de su casa hasta la carretera por las fuerzas de seguridad, identificadas a APP por miembros de la comunidad como oficiales de la Dirección Policial Investigación, quienes reciben financiamiento de Estados Unidos. Estos oficiales dispararon a Geovany 40 veces delante de su madre en llanto. No es suficiente decir que la policía ejecutaron a Geovany—parecía más a un asesinato de la mafia por la forma pública en que se llevó a cabo, como si quisieran que los demás lo vieran. Esta es la propia cara de la impunidad.

A estas alturas, corremos el riesgo de normalizar la brutalidad extrema de los últimos dos meses. Es deprimente lo fácil que es acostumbrarse a las patrullas de la policía militar y a las noticias de asesinatos y desaparecidos. Pero el grado de ubicuidad de todo esto sigue siendo estremecedor. Los manifestantes en contra del fraude no solamente se enfrentan con la represión policial en las calles, con gas lacrimógeno, agresiones, y disparos, sino también son perseguidos hasta en sus propias casas. La simple presencia de varias policías y fuerzas militares con armas en un puente o en la calle es suficiente para intimidar a las personas y disuadirlos de manifestar de forma pacífica. En los lugares donde el pueblo se ha rehusado a someterse a tal intimidación,  las fuerzas de seguridad hondureña están mandando el mensaje que habrán consecuencias brutales, y muchas veces letales, por protestar.

Hasta la fecha, la declaración más fuerte que la Embajada de Estados Unidos emitió en cuanto a la extensiva violencia del estado desde las elecciones de noviembre fue la del 17 de enero, en su comunicación oficial felicitando a Karla Cueva por haber sido nombrada Ministra de Derechos Humanos. Aunque la embajada finalmente reconoció la necesidad urgente de una investigación rápida y exhaustiva de la letanía de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad hondureña en estos últimos meses, el comunicado estaba formulado usando falsas equivalencias morales. Sencillamente, hacer un llamado al estado hondureño a abstenerse de asesinar a sus propios ciudadanos al mismo tiempo que reclaman a los manifestantes por no haber mantenido protestas “pacíficas” es una distorsión inmoral de la realidad aquí.

También cabe considerar el contexto de esta declaración. El Ministerio de Derechos Humanos, a lo cual Cueva fue nombrada a dirigir por el gobierno de Juan Orlando Hernández, fue creado recientemente como puesto del gabinete del gobierno hondureño. Como hemos escrito muchas veces en el pasado, el 50% de la asistencia financiera que Honduras recibe de EEUU tiene la condición de que Honduras tome “pasos efectivos” hacia el mejoramiento de su record de derechos humanos, sin importar que no haya una mejoría mensurable verdadera. El Departamento de Estado de EEUU certificó que Honduras había alcanzado estas metas en diciembre, literalmente en el mismo momento en que la policía militar acribillaba a participantes de manifestantes pacíficas por las calles. Pero la creación de un ministerio de derechos humanos al nivel del gabinete se puede usar, y efectivamente será usado, como justificación de un “paso efectivo.”

Es más, el doble moral de la impunidad de lo cual hemos escrito antes solo se ha intensificado. Mientras los 38 asesinatos y miles de detenciones arbitrarias, por no decir nada de la tortura y las desapariciones forzadas, no han recibido ni una investigación somera, activistas y manifestantes han sido arrestados, encarcelados y sus juicios han empezado días después de sus presuntos delitos. De nada sirven las declaraciones de la embajada EEUU que no hacen más que pedir que el sistema judicial hondureño persigan los casos— DPI, la Policía Nacional de Honduras y el Ministerio Público, las contrapartes de la embajada EEUU, han demostrado repetidamente su falta de interés por la justicia y su compromiso a la impunidad, en particular para ellos mismos. Lo que se precisa para los casos inmediatos, y tenemos que suponer que la Embajada ya esté consciente de esto, es que el gobierno hondureño permita la entrada de investigadores internacionales e imparciales. El gobierno de Juan Orlando Hernández ya negó este acceso a la OEA—y que ha hecho la Embajada al respeto?

Los Estados Unidos reconocieron los resultados de una elección que observadores internacionales de la OEA y de la UE rehusaron certificar. Certificaron los “pasos efectivos” de Honduras hacia la mejora de su record de derechos humanos en medio de una oleada de violencia que probablemente equivalga crímenes contra la humanidad. Respondieron a esta inhumanidad y a las preguntas, que son cada vez más intensas, acerca del papel que desempeñan en todo esto, con sus orgullosas publicaciones en Youtube de los entrenamientos de Joint Task Force Bravo al ejército hondureño sobre el uso de los drones. Han insistido en esta narrativa de colaboración con el gobierno hondureño aun cuando ha llegado a ser innegable que los “colaboradores” en cuestión han construido del golpe de estado una dictadura sangrienta. Con su silencio relativo, sus equivalencias falsas y sus eufemísticas declaraciones públicas (en vez de hablar de una campaña coordinada de graves violaciones de derechos humanos, optan por “heridas en la sociedad que se presentaron por el transcurso del proceso”) han legitimado el fraude y han legitimado la brutalidad. Como ciudadanos estadounidenses, tenemos que exigirles más. Tenemos que exigir respeto legítimo por la democracia y respeto legítimo por los derechos humanos. Tenemos que exigírselo aun cuando no haya una crisis electoral, pero sobre todo tenemos que exigirlo ahora.

La necesidad de solidaridad internacional es más grande ahora que nunca, mientras los crímenes cometidos por el estado hondureño (con financiamiento tanto implícito como explícito del gobierno estadounidense) están llegando a niveles de crímenes contra la humanidad, si ya no alcanzaron tal definición. El caos y estado general de violencia estatal se está utilizando como una cortina de humo para los asesinatos y amenazas enfocadas contra los líderes de los movimientos sociales. Si no somos solidarios con Honduras ahora, no tenemos el derecho de decir que alguna vez lo fuimos.