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por Lauren Mendelsohn:

La guerra mundial contra las drogas, defendida y financiada principalmente por los EE.UU., ha tenido consecuencias extremas en América Latina. La prohibición creaba un mercado negro de las drogas – un mercado negro que los cárteles estaban ansiosos para dominar. A medida que los cárteles crecieron en poder e influencia, llegaron a controlar regiones enteras en México, Colombia, Venezuela y otros países de América Central y del Sur. Los cárteles pueden dominar al utilizar el miedo y la violencia, así como mediante el aprovechamiento de l@s funcionarios corrupt@s. Desde 2007, ha habido más de 164.000 víctimas de homicidios sólo en México, al cual ha corrido la mayor parte de la violencia a lo largo de la última década, y l@s expert@s estiman que el crimen organizado narco podría representar un 60% de los homicidios totales.
La participación estadounidense en la lucha contra el tráfico de drogas en la región comenzó con un enfoque en Colombia, pero pronto se produjo un “efecto globo” cuando los cárteles encontraron nuevas ubicaciones para producir las drogas después del descubrimiento de un lugar, a veces moviéndose a los países vecinos. Por eso, ha sido imposible detener el tráfico de drogas, ya que el número de los blancos crece más rápido que los cuerpos de seguridad pueden manejar. A pesar de gastar más y más recursos en la lucha contra los cárteles, no se ven resultados positivos – la violencia continúa, las drogas siguen introducirse de contrabando a los EE.UU. diariamente y un desastre humanitario se crea en el proceso.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes desaparecieron en ruta a una protesta estudiantil en Iguala, México. Los estudiantes presuntamente fueron secuestrados por policías corruptos y fueron entregados a un cártel local. Se cree que la policía, varios de los cuales trabajaban en secreto con el cártel Guerreros Unidos, una banda de narcotraficantes, secuestró a los estudiantes porque alguien le informó que pertenecían a un cártel rival. También, se reveló que el ex-alcalde de Iguala, detenido después del incidente, tenía vínculos con el cártel. Una protesta internacional estalló después del secuestro, alegando que el gobierno mexicano tardó en responder, no llevó a cabo una investigación adecuada y estaba lleno de corrupción.
Meses después, el gobierno mexicano dijo que los estudiantes probablemente fueron asesinados, incinerados y enterrados en una fosa común que se descubrió en el estado de Guerrero, donde está ubicada Iguala. Sin embargo, l@s funcionari@s sólo lograron identificar que uno de los 129 cuerpos en la tumba pertenecía a uno de los manifestantes rumbo a Iguala; la mayoría de los restos humanos y cenizas no contenía ADN identificable. Muchas personas, incluyendo las familias de los estudiantes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, no creen que esto sea toda la historia; han cuestionado las pruebas y los informes del gobierno y han llamado la atención a la colusión entre las autoridades y los delincuentes que llevó al secuestro.
Esa no era la primera desaparición a manos de un cártel: según el gobierno mexicano, más de 26.000 personas desaparecieron entre el 2006 y el 2012. A pesar de los llamamientos para una solución a la violencia, se han realizado pocos cambios en las políticas que podrían lograr esa meta en realidad. Los EE.UU. sigue apoyando a los esfuerzos contra el comercio de las drogas en América Latina a través de la financiación y el poder militar, proporcionando más de $20 mil millones en la última década, lo que incluye armas, satélites, equipos de radar, gases lacrimógenos y otras armas militarizadas diseñadas para erradicar a los cárteles y detener el flujo las drogas ilegales a los EE.UU. Desafortunadamente, las armas llegan frecuentemente en las manos de las personas a quienes estas armas fueron diseñadas para matar, y las drogas siguen haciendo su camino a través de la frontera. Además, a medida que los EE.UU. y otros países combaten a los cárteles con más fuerza, los carteles también reaccionen con más fuerza.
Un@s funcionari@s estadounidenses, entre ell@s el Secretario del Estado Adjunto para la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de los Cuerpos de Seguridad, William Brownfield, creen que la aumentación de la violencia demuestra el éxito: “Cuando la guerra contra las drogas se vuelve sangrienta, la estrategia está funcionando.” Sin embargo, esta forma de pensar insensible no es más que una consecuencia de la diplomacia fallida, la propaganda y l@s polític@s hambrientos de poder, y nunca podría llevar a la estabilidad en la región o a la disminución del conflicto.
La única solución verdadera para eliminar el poder de los cárteles latinoamericanos y detener la violencia es quitar el valor de las mercancías en que comercian – las drogas – y proporcionar esas materias primas en los países a que los cárteles están actualmente pasándolas de contrabando. Por ejemplo, si se pudiera producir y vender la cocaína legalmente en los EE.UU., la demanda para la cocaína en el mercado negro de América Latina disminuiría y los cárteles serían obligados a invertir menos esfuerzo en un modelo de negocio fallido. También tendrían menos dinero para gastar en armas y sobornar a la policía local. Tal efecto ya se ve con la marihuana: tras la reciente legalización del cannabis en Colorado y Washington, seguidos por Oregón, DC y Alaska, la patrulla fronteriza estadounidense reportó que agarró menos marihuana en la frontera, y el número de homicidios en México cayó desde un máximo de 23.000 en 2011 a 15.649 en 2014.
Los EE.UU. no debe ignorar los efectos que nuestras políticas de drogas tienen en el resto del mundo, ni debemos imponer nuestros valores a otras naciones. Los Convenios de la Fiscalización Internacional de Drogas deberían revisarse para reflejar el efecto devastador de la guerra global contra las drogas en la sociedad, y la evidencia científica que ha surgido con respecto a la psicología de la adicción y los daños relativos de sustancias ilícitas. Más importante, el énfasis debe estar en los derechos humanos y no en la consecución de un objetivo “resultado final.”

Lauren Mendelsohn es la Vicepresidente de la Junta Directiva de la organización Estudiantes por Políticas de Drogas Sensatas (SSDP).