Una carta abierta al Congreso de los EEUU y al Departamento de Estado de EEUU:

Como organizaciones de derechos humanos, organizaciones de base, solidaridad y otras organizaciones de la sociedad civil con sede en los EE. UU., nos indigna que el candidato presidencial Juan Orlando Hernández haya sido declarado ganador en las elecciones presidenciales hondureñas, en medio de informes serios de fraude electoral y violaciones a los derechos humanos.

Les instamos a NO reconocer los resultados anunciados por el Tribunal Supremo Electoral en Honduras.

Después de que la publicación inicial de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales hondureñas mostrará que el candidato opositor lideraba con aproximadamente 5 puntos porcentuales basado en más de la mitad de las actas contabilizadas, el Tribunal Supremo Electoral (o TSE, controlado por la administración actual) paró la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales por más de un día. En comparación, en las elecciones presidenciales del 2013, el ganador fue declarado con una proporción parecida de las actas contabilizadas. Una vez que se reanudó las actualizaciones de los resultados el presidente titular Hernández ganó terreno a un ritmo sorprendente y rebasó rápidamente al candidato de la oposición, de acuerdo con los números del TSE. El largo retraso y el cambio dramático en la tendencia del conteo de votos reportados antes y después de ese retraso plantean serias dudas sobre la integridad de esta elección.

Además, las  delegaciones internacionales de La Voz de los de  Abajo, Code Pink y Witness for Peace presenciaron y escucharon testimonios sobre palizas e intimidación perpetradas por parte de las fuerzas de seguridad, incluidas fuerzas de seguridad financiadas por los Estados Unidos, así como numerosos incidentes de fraude y violencia en los centros de votación. El 1ro de diciembre, un decreto presidencial suspendió los derechos constitucionales e impuso un toque de queda, y ha habido múltiples reportes de las fuerzas de seguridad usando bala viva y violencia contra civiles durante las protestas en contra el fraude en todo el país, resultando en al menos 22 muertes de manifestantes hasta el momento.

El gobierno de los EEUU ha sido un partidario constante y financiero del gobierno hondureño, incluyendo el claro apoyo al golpe de Estado del 2009 que llevó al Partido Nacional–de extrema derecha–a tomar el poder, con Hernández como Presidente del Congreso Nacional en el periodo del 2010 al 2013. Además, los Estados Unidos ha impulsado el catastrófico y fracasado modelo del Plan Colombia en Honduras, Guatemala y El Salvador a través del paquete de ayuda conocida como la “Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte.” Este proyecto de 750 millones de dólares disfrazado de una iniciativa antidrogas, se ha utilizado para crear condiciones “favorables” para los inversores externos, a costa de la militarización, la violencia y la corrupción que han contribuido activamente al tipo de deterioro de la democracia que estamos presenciando en Honduras actualmente. Apenas dos días después de las elecciones hondureñas, el Departamento de Estado de los EEUU certificó que el gobierno hondureño cumple con las condiciones adecuadas de derechos humanos y de anticorrupción, lo cual significa que Honduras recibirá millones de dólares en ayuda estadounidense. Las circunstancias alrededor de las elecciones y más allá demuestran claramente que el gobierno hondureño no cumple en absoluto con esas condiciones.

Si Estados Unidos tiene un compromiso verdadero con la democracia, debe:

  • No reconocer el resultado anunciado de las elecciones debido a los reportes generalizados de la participación del estado en el fraude electoral y en la violencia;
  • Revocar la certificación del Departamento de Estado que declara que gobierno hondureño cumple con las condiciones de derechos humanos y  anticorrupción;
  • Poner fin a la ayuda de seguridad proporcionada por los  Estados Unidos a Honduras, incluyendo la policía y la ayuda militar, y el apoyo a las fuerzas de seguridad de Honduras a través del  programa denominado  “Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte;
  • Aprobar el proyecto de ley HR 1299, ” Ley Berta Cáceres sobre los  Derechos Humanos en Honduras” y su proyecto de ley complementario en el Senado;
  • Condenar la violenta represión por parte del gobierno hondureño a los manifestantes y su suspensión de los derechos constitucionales, y exigir que el gobierno hondureño deje de usar munición real contra civiles y retire a los militares de las calles;
  • Extender el Estatus de Protección Temporal para los más de 57,000 hondureños actualmente en los Estados Unidos; y
  • Respetar los derechos de los pueblos indígenas (incluidas las comunidades garífunas) y las comunidades campesinas que se organizan para defender y proteger los territorios ancestrales, la tierra, el agua y la Madre Tierra frente a la militarización y la represión del actual régimen hondureño.

En este momento decisivo para el pueblo de Honduras, les instamos a que estén del lado correcto de la democracia y la historia, abordando urgentemente las demandas fundamentales expuestas en esta carta. Gracias por su atención en este momento crítico.