Julia Duranti, APP Colombia

Mientras el Congreso menos productivo en la historia de los EE.UU. se fue de vacaciones en agosto sin abordar la crisis de los niños refugiados en Centroamérica, hay otros que opinan sobre posibles soluciones. En un editorial de los Los Angeles Times del 5 de agosto, Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, sugirió que los congresistas miraran hacía el sur, a Colombia, y que usaran el Plan Colombia (paquete de ayuda valorado en 8.000 millones de dólares)  como un modelo de asistencia estadounidense para los países del Triángulo Norteño: El Salvador, Guatemala y Honduras. El 18 de agosto, Daniel Runde del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales repitió este llamado en un blog para Foreign Policy.

Esta recomendación es errónea por una cantidad de razones. El Plan Colombia nunca tuvo la intención de ser un plan de desarrollo, sino una estrategia antinarcóticos y contrainsurgencia en una época en que la más grande insurgencia guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representaba una seria amenaza al estado colombiano. En ese momento, Colombia también era el mayor productor de cocaína destinada a los EE.UU. De acuerdo con la doctrina de erradicación desde el lado de la oferta, fomentada la Guerra anti Drogas, los políticos planteaban que podrían erradicar el problema de las drogas en los EE.UU mediante la eliminación de los cultivos de coca—que contienen el compuesto básico necesario para producir la cocaína—en lugar de reducir la demanda de cocaína.

Estaban equivocados. Aunque el cultivo de coca en Colombia se redujo inicialmente cuando el Plan Colombia entró en vigencia en el año 2000, desde entonces la producción se ha estabilizado alrededor de 48.000 hectáreas, y los cultivos de coca en los países andinos vecinos (Perú y Bolivia) se han incrementado. Casi 15 años después, la producción total de cocaína entre los tres países ha bajado, pero éste es un fenómeno complejo que también tiene que ver con cambios en la demanda, como la reducción del consumo de cocaína en los EE.UU (donde el consumo de la heroína está aumentando). Colombia sigue siendo el mayor proveedor de cocaína en los EE.UU, con el 95 por ciento del mercado. Grupos violentos siguen peleando por acceso a las rutas de tráfico y los laboratorios.

El equipo y entrenamiento militar brindados a las fuerzas públicas de Colombia como parte del Plan Colombia simplemente arrojó más leña al fuego en un conflicto por tierra y recursos naturales que lleva ya más de 50 años. Además de la guerrilla, este conflicto involucra a otros actores armados: los escuadrones de muerte paramilitares, los cuales el gobierno colombiano ahora denomina bandas criminales. El ejército colombiano tiene una larga e ilustre historia de colaboración con estos grupos para cometer algunas de las peores violaciones a los derechos humanos en la guerra, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y asalto sexual.

En una práctica especialmente macabra conocida como los falsos positivos, el ejército colombiano asesinó sistemáticamente a civiles inocentes y los vistió de guerrilleros para luego presentarlos como bajas, con el fin de ganar premios como bonos y vacaciones.  Vale mencionar que ésta práctica fue desarrollada como parte de la mentalidad de bajas promovida en el entrenamiento estadounidense. El gobierno colombiano ha abierto investigaciones en más de 5.000 casos de falsos positivos desde que el escándalo salió a la luz en el 2005.

Es cierto que los homicidios y el crimen violento han disminuido desde que comenzó el Plan Colombia, pero sólo porque el conflicto se ha desplazado hacia las regiones más rurales del país. Los asesinatos ahora son más enfocados y los actores armados ilegales utilizan cada vez más las amenazas y las desapariciones forzadas, las cuales son más difíciles de clasificar como hechos políticos. Los periodos de tranquilidad relativa en ciudades históricamente violentas como Medellín y Cali suelen ser más producto de la victoria de un grupo criminal que ejerce control total en la zona o de treguas entre bandas rivales, y no tanto de un mejor desempeño por parte de las fuerzas públicas, quienes continúan apoyando por lo menos tácitamente a las estructuras criminales en muchas regiones. Políticos de todo nivel, desde el local al nacional, se han visto implicados en estas estructuras narcoparamilitares.

Juntas, las agendas agresivas antinarcóticos y contrainsurgencia impulsadas por el Plan Colombia y financiadas por los contribuyentes estadounidenses han empeorado la crisis de los derechos humanos en Colombia en vez de solucionarla. La población de personas desplazadas internamente ya llega  a los 5,7 millones (segunda en el mundo, sólo después de Siria). Los EE.UU nunca se han visto inundados de refugiados colombianos, pero esto se deba a las barreras geográficas, no a que los refugiados no existan.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, otra estratégica de crecimiento muy promocionada, tampoco ha hecho mucho para mejorar la situación. La balanza comercial de Colombia con los EE.UU. se desplomó un 200 por ciento desde una superávit de $950 millones de dólares apenas el año pasado. Además, el crecimiento económico que Colombia ha percibido recientemente se limita a las industrias extractivas, las cuales  tienen impactos medioambientales serios y destructivos, y que ni siquiera fueron uno de los sectores priorizados bajo el TLC. A pesar de un compromiso declarado de mejorar el pésimo récord laboral de Colombia en el Plan de Acción Laboral, Colombia es todavía el país más peligroso para los sindicalistas, que siguen siendo amenazados y asesinados con impunidad.  Las condiciones laborales permanecen precarias, con el 60 por ciento de la fuerza laboral empleado informalmente y el 30 por ciento de la población viviendo en la pobreza.

Frente a estas cifras, es difícil argumentar que el Plan Colombia sea una solución para la crisis de los refugiados de Centroamérica, pero seguramente los poderosos lobbyists de defensa lo intentarán; de hecho, ya lo hicieron. La ayuda militar estadounidense a Colombia se ha reducido en años recientes, primero con el fin de incrementar la ayudar militar a México para luchar otra fracasada Guerra contra las Drogas como parte del Plan Mérida, y luego redujeron la ayuda a ambos países para priorizar la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI por sus siglas en inglés). El desplazamiento de la producción y tráfico de drogas y la violencia que traen consigo (de Colombia a México, y ahora a Centroamérica) es el ejemplo perfecto de la desafortunada política antinarcóticos y anti delito de EE.UU, demostrando muchos más fracasos que éxitos.  Hasta que hagamos responsables a nuestros políticos de reconocerlo, seguiremos viendo miles de niños refugiados llegando a nuestras fronteras.