por Arturo J. Viscarra y Michael Prentice
– No se puede resolver la crisis de la frontera EE.UU.-México a menos que EE.UU. acepte su papel en la creación de las condiciones terribles de las que l@s refugiad@s están huyendo.
“[E]n el hemisferio occidental la adhesión de EEUU a la Doctrina Monroe puede obligarlos … al ejercicio de un poder de la policía internacional”. -Theodore Roosevelt, 1904.


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Es imposible entender las causas fundamentales de la ola actual de centroamerican@s que llegan a EE.UU., y encontrar la respuesta adecuada de dicho país, sin reconocer la relación histórica entre EE.UU. y América Central. Por desgracia, el debate en el Congreso y en los medios de comunicación convencionales no han considerado un cambio en su política exterior, sino se han centrado en la cuestión de que si EE.UU. tenga o no tenga nuevas obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario o el deber moral de tratar a l@s niñ@s indocumentados con respeto. El Vicepresidente Biden se refirió a ell@s recientemente como “nuestr@s niñ@s,” enfatizando la importancia del debido proceso en cuanto a sus solicitudes de asilo, pero al mismo tiempo, él propuso una repetición del fallido “Plan Colombia” en Centroamérica. Antes de apresurarse a más militarización dentro del marco de la Guerra Contra las Drogas, EE.UU. tiene que asumir su parte de la responsabilidad en haber creado las condiciones políticas, sociales y económicas actuales de las que l@s refugiad@s están huyendo.

La Doctrina Monroe de 1823, que declaró a EE.UU. como el único poder en el Hemisferio Occidental, allanó el camino para el control estadounidense en Centroamérica, tanto histórico como actual, a través de las intervenciones militares y por financiar, armar y entrenar las élites locales pro-EE.UU. y sus fuerzas armadas. En las décadas siguientes, muchas repúblicas de América Central y el Caribe se redujeron a “protectorados o estados clientes de facto” de EE.UU. según el historiador John Coatsworth. Durante las Guerras Bananeras, el ejército estadounidense intervino en Honduras siete veces en doce años. El golpe de estado guatemalteco, orquestado por la CIA en el 1954, provocó una guerra civil que duró hasta el 1996. En la década de los 80, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron inundados con ayuda y asesores militares, lo que resultó en una matanza masiva, igual que una migración masiva a EE.UU. La “república bananera” de Honduras se convirtió en una plataforma para las fuerzas armadas entrenadas por EE.UU. en su lucha contra los izquierdistas en los tres países que lo bordean, ganándose el apodo “USS Honduras.”

La Escuela de las Américas (SOA), establecida en 1946, encarna la política tradicional de EE.UU. hacia Centroamérica: la aplicación de soluciones militares a los problemas sociales y económicos. Los egresados de la SOA incluyen a los más notorios violadores de derechos humanos de América Central: los miembros del Batallón 316 en Honduras; los asesinos del arzobispo Oscar Romero, de cuatro religiosas estadounidenses y de más de 900 civiles en El Salvador; y los presidentes de Guatemala conectados a las campañas militares genocidas. A pesar de las afirmaciones del Pentágono sobre un cambio y más transparencia, se han negado a publicar los nombres de los egresados de la SOA durante los últimos 10 años. Tratese de la Guerra Fría o la Guerra Contra las Drogas, la SOA continúa permitiendo que los aliados de EE.UU. puedan cometer violaciones de los derechos humanos en nombre de la democracia.

El 28 de junio del 2015 se cumplio el sexto aniversario del golpe de estado militar (dirigido por graduados de la SOA) que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya, un líder democráticamente elegido. Miles de opositores al golpe han sido amenazad@s, golpead@s, torturad@s, desaparecid@s o asesinad@s. Mientras tanto, EE.UU. trabajaba diligentemente para garantizar que el régimen golpista se mantuviera en el poder, y rápidamente reconoció los resultados de las dos elecciones contaminadas que pusieron en el poder a Porfirio Lobo y a Juan Orlando Hernández. Las fuerzas de seguridad hondureñas pos-golpe han recibido más ayuda y entrenamiento militar de EE.UU., a pesar de su historial bien conocido de violaciones a los derechos humanos y a la infiltración por los cárteles que supuestamente combaten. Además, el Pentágono ha construido al menos tres nuevas instalaciones militares de EE.UU. en Honduras desde el golpe, revelando el motivo estadounidense en sus acciones: su apego al “USS Honduras.”

No debe ser ninguna sorpresa que Honduras, el país del origen del 29% de l@s menores no acompañad@s que se entregaron a la Patrulla Fronteriza en 2014, ha llegado a ser por primera vez la fuente principal de la migración centroamericana, cuando los regímenes hondureños apoyados por EE.UU. han exacerbado el desorden, la violencia y los problemas económicos en los últimos cinco años. En sus relaciones con América Central, los EE.UU. colabora militarmente con las oligarquías locales para reforzar las desigualdades políticas y económicas, o sea, el staus quo. La ola actual de niñ@s y adultos que huyen de América Central es debida, al menos en parte, a la continuación de la supremacía de los caprichos del Pentágono en cuanto a las necesidades básicas de la mayoría pobre de América Central.

Es importante tener en cuenta por qué l@s nicaragüenses no están emigrando en masa a pesar de enfrentar obstáculos históricos, económicos e imperialistas parecidos a los de los otros países de América Central. Después de décadas de gobiernos brutales apoyados por EE.UU., el gobierno de Nicaragua actual ha sido capaz de escapar, en gran medida, al control de EE.UU. y formar sus propias políticas de seguridad. Los resultados son niveles mucho más bajos de violencia y de migración forzada que sus vecinos, a pesar de niveles similares de pobreza. EE.UU. puede aprender del éxito de Nicaragua en áreas tales como la vigilancia para resolver la crisis migratoria de l@s niñ@s, pero sólo con un cambio fundamental de la cultura de seguridad promovida por las fuerzas estadounidenses en los países vecinos.

Desde el 2008, EE.UU. ha gastado más de 800 millones de dólares en “ayuda para la seguridad” de Honduras, Guatemala y El Salvador a través de la “Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad” (CARSI), así como millones más en la ayuda bilateral al ejército y a la policía en cada país en nombre de la Guerra Contra las Drogas. Pero cuando ese dinero se destina a los políticos infiltrados por los cárteles y las fuerzas de seguridad, como en Honduras, ¿es sorprendente que la ley se deteriore aún más? Los adultos centroamericanos arriesgan sus vidas y las de sus hij@s para escapar del sistema histórico y de la violencia actual en cuya creación EE.UU. ha tenido un papel importante, aunque lo niegue. ¿Quién es más irresponsable, los padres o el Pentágono? ¿Quién es más racional, los padres o el Congreso de Estados Unidos?

En el 2013, después de casi 200 años, el Secretario del Estado, John Kerry, declaró que la época de la Doctrina Monroe había terminado. Sin embargo, parece que el Pentagono sigue con lo de siempre con sus aliados corruptos en Honduras y Guatemala. Mientras una cantidad récord de refugiad@s centroamerican@s son detenid@s en la frontera, los medios de comunicación y los políticos deben reconocer que est@s niñ@s son el resultado de los conflictos armados financiados por l@s contribuyentes estadounidenses. Las reevaluaciones honestas, audaces, y fundamentadas sobre la política exterior en la región deben llevarse a cabo e implementarse para que las condiciones en Centroamérica mejoren dentro de poco.





Arturo J. Viscarra emigró a los EE.UU., de El Salvador, durante la guerra civil. Él es un abogado de la inmigración y el Coordinador de la Abogacía para SOA Watch.
Michael Prentice es un estudiante en Vassar College y era pasante en SOA Watch. 

Únete a Arturo, Michael y miles de personas más para la vigilia en la SOA este noviembre: http://soaw.org/november.