Las organizaciones de acompañamiento internacional de carácter no-gubernamental, que brindan acompañamiento a las organizaciones sociales y a las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, apoyamos varias propuestas de paz lideradas por las comunidades y las organizaciones sociales, las cuales han sido construidas de manera colectiva durante varios años.
Saludamos el acuerdo logrado entre el gobierno nacional y las FARC-EP el pasado 23 de junio y expresamos de nuevo nuestro apoyo a una salida negociada al conflicto armado en Colombia.  Reiteramos que nuestro trabajo se realiza bajo las normas de la legislación colombiana y en base a las peticiones que recibimos directamente de organizaciones sociales y de las defensoras y defensores de derechos humanos. En este contexto las personas acompañadas manifiestan que ven la necesidad de seguir contando con el acompañamiento internacional, debido a su preocupación ante una posible reconfiguración del conflicto en un escenario de post-acuerdo, lo que obstaculiza seriamente la garantía plena de no repetición para ellas y sus comunidades.
En ese sentido, manifestamos nuestra preocupación frente a la realidad que viven las y los defensores de derechos humanos, especialmente en las regiones; pues, según la ONU, en el último año se registró un aumento de los asesinatos, lo cual supera el promedio de los últimos 20 años (Comunicado ONU, 19 noviembre 2015). Por su parte, Somos Defensores registra que las agresiones (las cuales incluyen amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, hurto de información y desapariciones forzadas) contra las personas defensoras de derechos humanos aumentaron en un 9% en 2015 en comparación con 2014 (Informe Anual Somos Defensores 2015). Igualmente, cuando el proceso de paz inició en el año 2012, 357 agresiones fueron registradas. Este número se incrementó a casi el doble en el año 2015 con 682 agresiones (Informe Anual Somos Defensores 2015). Esto sucede en un escenario que presenta la tendencia preocupante de un aumento del uso arbitrario del sistema penal para criminalizar y judicializar a las y los defensores de derechos humanos.
Los datos descritos anteriormente demuestran que, en muchas de las regiones del país, el conflicto armado pasa por una reorganización, apareciendo así nuevos conflictos y nuevos actores que amenazan la vida y la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Según Somos Defensores, grupos paramilitares fueron responsables del 66% de las agresiones dirigidas directamente contra los líderes y las lideresas sociales (Informe Anual Somos Defensores 2015).
Otro elemento preocupante para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos y de las comunidades es el impacto de la inversión extranjera en el país en el marco de un modelo de desarrollo económico extractivo, donde muchas veces se generan fuertes conflictos sociales y económicos en las comunidades locales que conllevan al surgimiento de nuevos conflictos y a violaciones de los derechos humanos.
Frente a lo expuesto anteriormente solicitamos respetuosamente a la comunidad internacional que:
1.    Inste al Estado colombiano a brindar las garantías de no repetición y de una paz justa y sostenible en los territorios, garantizando los estándares internacionales de los derechos humanos, abordando las causas estructurales del conflicto, desmantelando las viejas y nuevas estructuras paramilitares de manera efectiva, respetando los derechos de la población civil.
2.    Solicite a la Fiscalía General de la Nación agilizar las investigaciones sobre las agresiones y asesinatos contra las personas defensoras de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, identificando los autores materiales e intelectuales. Asimismo, es importante instar al Estado colombiano a fortalecer el sistema de justicia y a brindar las garantías de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas las víctimas.
3.    Reitere al Estado colombiano y a todas sus instituciones la necesidad de brindar reconocimiento político a la labor de defensa de derechos humanos y el diseño de una política de protección integral y efectiva para las personas defensoras, que aborde las causas que originan las agresiones y diseñe una política consensuada con las defensoras y los defensores de derechos humanos, donde se reflejen medidas de carácter colectivo, con enfoque diferencial, contexto rural, etc.
4.    Continúe respaldando política y financieramente a la sociedad civil colombiana en sus esfuerzos de construcción de paz y al mismo tiempo, inste al Estado colombiano a que asegure la participación de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en la implementación de los acuerdos de La Habana en sus regiones.
5.     Apoye decididamente el establecimiento de la mesa de negociaciones en el proceso de paz con el Ejército Nacional de Liberación (ELN).
6.    Inste a las empresas de sus países con actividades en Colombia a desarrollar políticas de acción sin daño, donde se respeten el medio ambiente y los derechos de las comunidades.
Organizaciones firmantes:
 
 
Acción Permanente por la Paz Colombia
 
 
 
                     
                     
 
             FOR Presente por la Paz   
 

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) 

 

            Peace Watch Switzerland      
 
           Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia