Enrique Chimonja consulting with an indigenous community in the River San Juan.

Enrique Chimonja consulting with an indigenous community in the River San Juan.

Lo que sigue aquí es la transcripción de una entrevista realizada por Lisa Taylor, miembro del equipo internacional Acción Permanente por la Paz (APP) – Colombia, con el defensor de derechos humanos Enrique Chimonja el 14 de julio sobre el actual proceso de paz. Desde el año 2012, el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (las FARC) han estado negociando un acuerdo para terminar el conflicto armado en La Habana, Cuba, y esperan firmar un acuerdo final en los próximos meses. Enrique hace parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una organización acompañada por APP en varias regiones de Colombia.

 
APP: Buenos días, aquí estamos Acción Permanente por la Paz con Enrique Chimonja de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Vamos a preguntar a Enrique unas cosas sobre el proceso de paz y su labor en Colombia para defender los derechos humanos. ¿Quiere presentarse Señor Quique?
EC: Buenos días, muchas gracias. Yo soy Enrique Chimonja, defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, familiar de victima también por supuesto por este largo conflicto que se ha vivido en Colombia . . . y acompañante de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que vienen liderando procesos reales de construcción de paz y que vienen exigiendo al gobierno nacional y a las guerrillas realmente una salida política al conflicto armado.
APP: Gracias Quique. ¿Cómo es que usted llegó a ser un defensor de derechos humanos en Colombia?
EC: Bueno, creo que el hecho de ser familiar de víctima de desaparecidos desde hace 33 años por el caso de mi papá, luego haber sido víctima del desplazamiento forzado cuando todavía era un niño con ocasión de los diálogos de paz que se sostuvieron en la década de la 80 entre el gobierno nacional en cabeza de Presidente Belisario Betancourt y las guerrillas de las FARC, y la consecuente eliminación o genocidio contra el movimiento político UP [Unión Patriótica] de la cual también la familia es víctima y sobrevivientes, eso como que lo obliga a uno ética y moralmente a comprometer lo que se pueda hacer en Colombia y en otras partes del mundo para evitar que crímenes o violación de derechos humanos se repitany que podamos algún día o muy pronto tener posibilidad de construir un país realmente en condiciones de paz, que es como el gran reto. Creo que eso fue la motivación de hace 20 años justo cuando hice la vinculación al trabajo en derechos humanos con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
APP: Gracias. ¿Quique, viendo todo lo que ha pasado en La Habana con los acuerdos de paz, qué es lo que falta? ¿Cuáles son las problemáticas principales para el pos-acuerdo?
EC: Bueno, creo que es muy importante primero dejar claro que en La Habana no se está resolviendo el tema de la paz. En La Habana lo que hay es un acuerdo y lo que se ha buscado es un acuerdo para el fin del conflicto armado entre la guerrilla de las FARC-EP y gobierno nacional, un hecho que por supuesto las víctimas, los defensores de derechos humanos, las organizaciones sociales, todas las organizaciones populares, campesina, indígenas y afrodescendientes celebramos porque desde hace muchos años se ha venido solicitando al gobierno y a las guerrillas una salida negociada al conflicto . . .
Eso lo que estamos viviendo es muy importante, y el acuerdo que se ha dado de cese bilateral con la guerrilla de las FARC es muy importante. Eso abre las posibilidades para que en Colombia se pueda en el marco de la Constitución y la ley, en el marco de los derechos humanos, se pueda entrar a participar en la construcción de la paz. Pero eso va a significar por supuesto que derechos tan fundamentales como el derecho al territorio, el derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda digna, realmente se garantice porque no podemos caer de pronto en el juego de los interesados en que únicamente se resuelve el conflicto armado y que todos los colombianos y colombianas a eso le llamemos la paz, porque la paz tiene que ver especialmente con unas nuevas condiciones y garantías para resolver la inequidad social que ha reinado en Colombia desde hace más de 50 años . . . Ratificamos desde los defensores y defensoras de derechos humanos que nos parece que es un momento muy importante para Colombia, para la región, porque significa que es posible dar el paso de la violencia armada a seguir la lucha política para las conquistas sociales.
APP: ¿Podría usted comentar un poco sobre el modelo económico en Colombia y como eso se relaciona con la paz?
EC: Bien, pues Colombia ya celebra que haya una Constitución política fruto también de un proceso de negociación con una de las guerrillas que por la década de la 90 retomó las sendas de la vida civil y política, y . . . posibilitó la actual constitución política de Colombia que aunque representa conquistas para el tema del reconocimiento de derechos de la población en general, también es cierto que lo que más garantiza es derechos para el libre mercado, para la propiedad privada, para que los capitales extranjeros de empresas transnacionales tengan una apertura en Colombia con una libre inversión, exentos de toda clase de impuesto y por supuesto con el fin de motivar la inversión en Colombia con el objetivo de extraer especialmente recursos o materias primas, convertir los bienes comunes de la humanidad como el agua, el bosque, el oxígeno, los minerales, el petróleo, el oro, en recursos y hacer su respectiva explotación.
Entonces ese modelo por supuesto no se está negociando en La Habana porque los empresarios fueron muy claros en manifestar que el modelo de desarrollo no estaba en negociación. Por lo tanto, mientras se mantenga ese modelo neoliberal, privatizador, extractivo – que significa desplazamiento forzado, despojo territorial, daños ambientales y sociales a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas – mientras ese modelo económico se mantenga, la paz va a demorar mucho más porque los casos son muy evidentes.
El Pacifico colombiano es una de las regiones con mayores intereses empresariales en Colombia, y el puerto de Buenaventura es quizás la ciudad epicentro de los capitales y de las empresas internacionales pero que contrastan con el alto nivel de pobreza, de desempleo, de violencia especialmente paramilitar, de despojo territorial para favorecer los intereses de estas empresas que por supuesto en este momento celebran que haya un fin del conflicto armado en Colombia porque van a poder ampliar el radio de sus acciones también a zonas rurales donde con ocasión del conflicto armado no habían podido consolidarse.
Entonces el modelo sigue siendo un factor que va a ser definitivo y decisivo en la consolidación de la paz. Si no hay una voluntad del sector empresarial a nivel mundial de respetar el planeta, de respetar la biodiversidad, de garantizar la vida, de garantizar la alimentación sana, de garantizar el agua, de evitar de por acumulación de capital destruyamos el planeta en el que vivimos, la paz va a ser mucho más difícil consolidar.
APP: Gracias. ¿Y una pregunta más, viendo todo este contexto en Colombia, qué puede hacer la comunidad internacional, específicamente nuestra base de Witness for Peace (Acción Permanente por la Paz) en Estados Unidos, qué podemos hacer para apoyar una paz duradera en Colombia?
EC: Bueno, creo que hay que visibilizar mucho las propuestas concretas de paz que no necesariamente están en quienes están sentados en La Habana – que son dos sectores de poder armado – pero que las propuestas realmente de paz están más en organizaciones y comunidades pequeñas que a veces no han tenido ni el reconocimiento ni la visibilidad necesaria para que se tengan en cuenta como salidas concretas a la paz. Entonces esas comunidades que han logrado en décadas construir mecanismos concretos de protección a la vida, desde lo humanitario, desde lo agro-ambiental, desde la alimentación y la salud propia, la protección del agua, del oxígeno, del bosque como bienes comunes, etc. hasta comunidades que han logrado construir sus propios mecanismos de memoria para resistir a la impunidad que es muy alta en Colombia, y justo para evitar que en el futuro crímenes de violaciones graves a los derechos humanos se repitan, con esas comunidades es necesario visibilizarlas y por supuesto apoyarlas.
Dos: Creo que es muy importante que los acuerdos que se han ido logrando en La Habana, se les haga seguimiento, se les haga seguimiento en la medida de que hay una incertidumbre de qué va a pasar o cuales son las garantías reales que el Estado colombiano va a ofrecer a quienes en este momento han tomado la decisión de dejar las armas. Y una de las garantías es que por supuesto no vaya a repetirse el genocidio que se vivió en los años 80 con el partido político Unión Patriótica. Y de pronto ahora el sector de la derecha en Colombia, que sigue muy opuesto al fin del conflicto armado por la vía del diálogo político, quiera de pronto recrudecer la violencia paramilitar con ocasión de eliminar a quienes en este momento toman la decisión de seguir la lucha por la vía política. Eso es muy importante, y es muy importante mencionar que parte de lo que está pendiente para completar el 100 por ciento de la agenda en La Habana tiene que ver con que el Estado colombiano garantice el efectivo desmonte de las estructuras paramilitares que con ocasión del cese unilateral inicial y ahora del cese bilateral firmado el pasado 22 y 23 de junio, estas estructuras paramilitares están tomando posición de territorios donde antes había presencia especialmente guerrillera.
Y eso significa entonces que las garantías para que la población civil permanezca en el territorio y ayude o construya sus propuestas reales de paz se vean más afectadas. Entonces es muy importante que la comunidad internacional o en este caso organizaciones defensoras de derechos humanos puedan mostrar a nivel internacional cuales son las respuestas concretas que el gobierno está ofreciendo como propuestas de paz, y que se pueda también condicionar la ayuda económica que los gobiernos especialmente de los Estados Unidos, de la Unión Europea puedan hacer al gobierno colombiano a una real inversión e intervención en los sectores rurales, en los sectores populares que han sido las principales víctimas durante todos los años de conflicto armado interno.
APP: Bueno, muchas gracias Quique por estar con nosotros hoy.

 

EC: Con todo el gusto y agradeciendo a todo el apoyo de la base social de Acción Permanente por la Paz en sus distintas regiones de los Estados Unidos, por la labor de visibilizar, de incidir y de acompañar el trabajo de derechos humanos en Colombia. Muchas gracias.