El 2 de octubre, por un margen muy pequeño, la mayoría de los colombianos y colombianas que participaron en un plebiscito para ratificar los recién firmados acuerdos de paz, votaron “NO.” El plebiscito hubiera hecho que fuera legalmente vinculante el acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano. Durante este momento de incertidumbre sobre el futuro de esta iniciativa de paz que ha sido apoyado internacionalmente, Acción Permanente por la Paz celebra el trabajo de nuestros compañeros y compañeras acompañados en terreno, los defensores y defensoras de derechos humanos y los miembros de los movimientos sociales, personas que muchas veces han trabajado toda la vida para construir paz en sus comunidades e imaginar una Colombia nueva. Un análisis sobre el voto esclarece que muchas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado votaron en una manera decisiva por el “SI” en los acuerdos de paz. Son regiones donde trabajan y viven nuestros compañeros y compañeras acompañados.

Mientras el resultado del plebiscito ha generado cierta incertidumbre sobre el proceso de paz en Colombia, no cabe duda que éste es un momento crucial para que la comunidad internacional sea solidaria con los colombianos y colombianas que anhelan el fin definitivo del conflicto armado interno. Necesitamos apoyar sus esfuerzos para construir una paz verdadera con justicia socio-ambiental.

Desde que Acción Permanente por la Paz abrió la oficina en el año 2000, apoyando a nuestros compañeros y compañeras en terreno durante los días más oscuros de la ayuda militar patrocinada por EE.UU. bajo el Plan Colombia, hemos acompañado y hemos estado en solidaridad con los defensores y defensoras de derechos humanos y los movimientos sociales. Estos defensores y defensoras siempre han abogado por una salida negociada al conflicto armado en Colombia mientras se enfrentaban con probabilidades de largo, estigmatización tremenda, muchas amenazas y violencia. Han hecho su trabajo, aunque no fuera popular tanto en Colombia como en Estados Unidos. Encontramos una esperanza inspiradora en los esfuerzos de los defensores y defensoras de derechos humanos y de los movimientos sociales para desarrollar iniciativas de paz verdadera de la base en Colombia.

Recientemente, nuestro equipo entrevistó a Enrique Chimonja, un defensor de derechos humanos vinculado con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una organización acompañada por Acción Permanente por la Paz en varias regiones del país. Como una persona que ha vivido la desaparición forzada de su papa y que también ha sido desplazado forzadamente, Enrique tiene una perspectiva única sobre el papel del monitoreo y acompañamiento internacional. Defiende la importancia del apoyo internacional porque “hay una incertidumbre de qué va a pasar o cuáles son las garantías reales que el Estado colombiano va a ofrecer a quiénes en este momento han tomado la decisión de dejar las armas.”

Acción Permanente por la Paz está comprometida con su trabajo de acompañar a los defensores y defensoras de derechos humanos como Enrique y monitorear el proceso de paz que sigue adelante. Creemos que el acompañamiento internacional sigue siendo esencial, especialmente porque la violencia contra los líderes y lideresas del movimiento por la defensa de los derechos humanos ha continuado durante toda la mesa de negociaciones y es probable que vaya a seguir aumentando en este momento de incertidumbre.

Aunque el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC ha sido un paso importante para adelante, hay otros grupos armados incluyendo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varios grupos paramilitares que siguen operando y representan una amenaza a la paz verdadera y sostenible en Colombia. Aunque el gobierno colombiano niega oficialmente la existencia de los paramilitares, eligiendo el nombre “bandas criminales” o grupos delincuentes, estos grupos paramilitares siguen atacando a las comunidades, especialmente en zonas del desarrollo que son estratégicamente e económicamente importantes comoBuenaventura, e incluso han paralizado regiones en el país por varios días con paros armados. La desmovilización real de estos grupos paramilitares va a ser una clave para la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos y sus esfuerzos para construir paz.

Expresamos también nuestra preocupación grave sobre el aumento proyectado de la inversión extranjera en Colombia. Aunque apoyamos iniciativas de desarrollo propuestas y lideradas por las propias comunidades en su territorio, hemos visto que tanto empresas internacionales, incluyendo algunas con base en Estados Unidos, como megaproyectos por el supuesto “desarrollo” en el territorio colombiano, siguen violando los derechos de las comunidades en terreno. Han sido acusados por sus vínculos con grupos paramilitares y constantemente violan los derechos laborales en un país con unos de los niveles más altos de violencia contra los sindicalistas. Como dice Enrique, “mientras se mantenga ese modelo neoliberal, privatizador, extractivo – que significa desplazamiento forzado, despojo territorial, daños ambientales y sociales a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas – mientras ese modelo económico se mantenga, la paz va a demorar mucho más.”

Apoyamos el análisis de nuestros acompañados en el movimiento laboral, y creemos que el Plan de Acción Laboral (pasado en 2011 como precondición al Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Colombia) ha fracasado totalmente en cuanto a su capacidad para generar condiciones laborales aceptables y proteger a los y las sindicalistas, y requiere una reevaluación por el Congreso estadounidense y el ramo ejecutivo.

También estamos comprometidos con el monitoreo del Plan “Paz Colombia,” una ayuda de $450 millones de dólares que el Presidente Obama ha solicitado del Congreso para el año 2017. Estamos preocupados por la cantidad significativa de ayuda militar proyectada en el presupuesto para esta ayuda durante un momento cuando Colombia necesita dinero para la implementación de los acuerdos de paz. Creemos que ahora es el momento para acabar con la ayuda militar al gobierno colombiano y, en vez de la ayuda militar, mandar la ayuda a la sociedad civil colombiana para propósitos sociales e económicos. Creemos que la ayuda debe ser para los aspectos de los acuerdos de paz que defienden los derechos de las víctimas y las comunidades étnicas. El gobierno estadounidense también necesita animar al gobierno colombiano a sentarse con el ELN y desmovilizar los grupos paramilitares activos en varias regiones del país.

Como solicitado por nuestros acompañados en Colombia, nosotros como Acción Permanente por la Paz estamos comprometidos con mantener nuestra presencia en el país y seguir acompañando a los defensores y defensoras de derechos humanos. Estamos comprometidos con cambiar las políticas estadounidenses que, año tras años, sólo han traído más guerra y más violencia a las comunidades. Estamos comprometidos con nuestros proyectos de desarrollar esfuerzos reales de solidaridad entre Estados Unidos y Colombia, promover la protección de los derechos humanos y laborales y trabajar por un mundo en el cual toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida y de comunidad sin tener que ser sometida a la violencia.